El Presidente
diputado José González Morfín: Tiene
ahora la palabra por cinco minutos el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo
Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar proposición con punto de
acuerdo en relación con los recursos ahorrados por 96 mil trabajadores de la
Comisión Federal de Electricidad.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente, compañeros diputados,
compañeras diputadas: se pone a consideración de este pleno como punto de
acuerdo de urgente u obvia resolución el siguiente:
Estamos planteando que se pueda generar un
punto de acuerdo dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la
Secretaría de Energía, a su titular, y al director de la Comisión Federal de
Electricidad. Lo fundamos en la siguiente exposición de motivos.
El pasivo histórico que tiene el Sindicato
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y la Comisión
Federal de Electricidad con 96 mil trabajadores electricistas que aportaron al
fondo mutualista del SUTERM durante el período laboral comprendido entre 1950 a
1990, es decir, 40 años, se estima en la cantidad de 638 mil millones de pesos.
El 25 de abril de 1990 la Comisión Federal de
Electricidad y el SUTERM pactaron la sustitución de este fondo mutualista por
un seguro colectivo obrero en la cláusula XXVI del convenio que celebraron por
la firma del contrato colectivo correspondiente al bienio 1990-1992. En ese
entonces se firmó, con la firma del secretario del Trabajo y Previsión Social,
Arsenio Farel Cubillas.
Las cantidades aportadas por los trabajadores
durante 40 años se actualizaron a través del histórico de tasas de interés
emitidas por el Banco de México, tal y como lo dispusieron los tribunales
colegiados en materia de trabajo del primer circuito.
La falta de transparencia e información por
parte del gobierno federal ha generado que los compañeros de la Comisión
Federal de Electricidad tengan que acudir a todas las instancias posibles para
saber qué pasó con sus ahorros, cuál fue el destino de estos recursos del fondo
mutualista y cuál es la realidad de lo que han logrado juntar producto de su
trabajo.
Derivado de lo anterior, sometemos a la
consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo.
Primero: Se exhorte al secretario del Trabajo
y Previsión Social, al secretario de Energía y al director de la Comisión
Federal de Electricidad para que expliquen a detalle el destino que se dio a
los 630 millones de pesos actualizados, producto del ahorro que hicieron 96 mil
trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad durante más de 40 años de
vida laboral en el período comprendido de 1950 a 1990.
Segundo. Exhortar al titular del Poder
Ejecutivo para que instruya a los secretarios de Trabajo y Previsión Social, de
Energía y al director general de la Comisión Federal de Electricidad, a que
coadyuven en el cumplimiento del pago y devolución del Fondo Mutualista del
SUTERM, a los 8 mil 600 accionantes que ejercitaron su derecho de petición ante
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Es cuanto, y pedimos el respaldo y la
solidaridad de esta asamblea. Gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo
Karam: Para los efectos del artículo
100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría si se
considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab
Carreto: Para los efectos del
artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea
si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén
por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los
diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría
por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo
Karam: Se considera de urgente
resolución. Y en consecuencia, en los términos del registro que tengo, se
concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Cantú Garza.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y
compañeros legisladores, sin lugar a dudas que todos aquellos trabajadores que aportan
de sus propios recursos para constituir fondos de diverso tipo al paso del
tiempo enfrentan problemas de diversa índole para recuperar el producto de su
ahorro.
Así ha ocurrido, por desgracia, con los
trabajadores que laboraron en los Estados Unidos conocidos como braceros, a
quien durante muchos años se les escamoteo el regreso de su dinero y ahora
tienen que conformarse con una exigua compensación de alrededor de 40 mil
pesos.
Es el mismo caso que enfrentan ahora los
trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad, quienes
aportaron recursos para constituir un fondo mutualista entre los años de 1950 a
1990. Esto es durante 40 años.
En abril de 1990 la Comisión Federal de
Electricidad y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República
Mexicana pactaron la sustitución del Fondo Mutualista por un seguro colectivo
obrero. Desafortunadamente para los trabajadores no se sabe qué ha pasado con
esos recursos económicos, ni el sindicato ni la empresa dan cuenta de ello.
Este es un tema que nos debe alertar, habida
cuenta de que los recursos económicos tienen un origen en la aportación
individual y voluntaria de cada trabajador, no son propiedad del sindicato y
muchos menos de la empresa. En la reciente discusión de la iniciativa de
reformas a la Ley laboral enviada por el Ejecutivo, el gran tema que no se
quiso tocar en esta soberanía por parte de la mayoría fue precisamente el tema
de la transparencia, en el correcto ejercicio de las cuotas que los
trabajadores aportan su sindicato.
Temas como el que nos ocupa no se tratarían
en esta soberanía si al interior de todos los sindicatos existentes en el país
la transparencia y la rendición de cuentas fueran práctica cotidiana en los
sindicatos, antes al contrario, priva la opacidad y la cerrazón a entregar
información a los trabajadores.
Compañeras y compañeros legisladores, es
importante que todos apoyemos esta proposición que contiene la justa demanda de
los trabajadores electricistas, para que les sea reintegrado algo que es de su
propiedad, su dinero. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo apoyamos las dos peticiones que se contienen en la proposición que
discutimos, para que a los 8 mil 600 accionantes que ejercieron su derecho de
petición ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se les proporcione
el pago y devolución de sus recursos.
Estamos a muy bien tiempo de evitar la
constitución de otro fondo para pagar algo que otros se robaron, como en el
caso de los trabajadores migrantes. Exijamos que se reintegre a los
trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad el producto de su ahorro.
Por estas consideraciones votaremos a favor de la proposición que se nos
presenta. Es cuanto.
El Presidente diputado Jesús Murillo
Karam: Gracias, señor diputado. En el
uso de la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño.
El diputado Francisco Alfonso Durazo
Montaño: Señor presidente, compañeras
y compañeros.
Las paraestatales más importantes de nuestro
país se caracterizan por tolerar en su seno no sólo los actos de corrupción más
alarmantes o escandalosos de los que dan cuenta con frecuencia los medios de
comunicación, sino también por permitir abusos, arbitrariedades y violaciones a
los derechos de los trabajadores, como los que hoy aquí se presentan, se ha
presentado en esta tribuna.
Por lo que va el caso que nos ocupa, una
serie de funcionarios corruptos que han estado al mando de CFE no sólo han
perpetrado una serie de atracos al patrimonio de todos los mexicanos, sino que
han sido cómplices para esquilmar a su propia planta de trabajadores.
La CFE incurrió abiertamente en
responsabilidad al firmar el convenio en el que se eliminó el Fondo Mutualista
del SUTERM y se sustituyó por un seguro colectivo obrero.
Fue cómplice de esta corruptela el propio
SUTERM al participar en el engaño de los trabajadores. Tal atraco fue cobijado
con el pretexto de la firma del contrato colectivo de trabajo 1990-92, firma
que nunca se hizo del conocimiento de los trabajadores a pesar de que la
cláusula 76 del propio contrato colectivo de trabajo especifica que la CFE
colocará los tableros que sean necesarios en las partes más visibles de todos
los centros de trabajo, así como utilizará otras modalidades de comunicación
para que todos los trabajadores estén debidamente enterados de su contenido.
De hecho, los trabajadores de CFE no lograron
comprobar la chicana de que fueron objeto, sino hasta que después de años de ir
contra viento y marea encontraron la quiescencia de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que por su conducto facilitó la
copia certificada del convenio por el que se eliminó el Fondo Mutualista.
Dicha paraestatal, debe explicar a esta
soberanía las instrucciones que tuvo para firmar ese acuerdo que significó la
desaparición de miles de millones de pesos, miles de millones de pesos, algunos
lo estiman en la escandalosa cifra de 638 mil millones de pesos que se los
reclaman legítimamente los trabajadores defraudados.
Desde esta instancia hacemos un llamado a
todas las fuerzas políticas, para que no posterguemos la defensa de los
derechos laborales. El sector de los trabajadores ha sido víctima una y otra
vez de violaciones sistemáticas a sus derechos más elementales, recordemos el
caso de los ex braceros, de los trabajadores del ISSSTE, de los trabajadores de
la extinta Luz y Fuerza, de los trabajadores recientemente pensionados, de los
cuentahabientes del Infonavit, y qué decir de los mineros de Cananea que tienen
años en una lucha, ya histórica, por la defensa de sus derechos.
Por lo anterior, para Movimiento Ciudadano
resulta totalmente procedente apoyar el punto de acuerdo que nos ocupa y
convocamos al resto de las fuerzas políticas a hacer lo propio para sacarlo
adelante. Gracias, por su atención.
El Presidente diputado Jesús Murillo
Karam: Gracias, diputado. En el uso
de la palabra, la diputada María del Rosario de Fátima Pariente.
La diputada María del Rosario de Fátima
Pariente Gavito: Con su venia,
diputado presidente. Compañeros diputados y diputadas. Varios han sido ya los
exhortos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al secretario de
Energía y al director general de la Comisión Federal de Electricidad, tanto en
el Senado de la República como en esta Cámara de Diputados en la legislatura
pasada y ahora en ésta, para que aclaren el curso que se le dio al ahorro del
Fondo Mutualista del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la
República Mexicana, el SUTERM, que los trabajadores de Comisión Federal de
Electricidad lograron, a lo largo de 40 años, y que actualizados al día de hoy
asciende a la cantidad de 638 mil millones. De estos ahorros no se sabe
absolutamente nada. Y peor aun, los involucrados en esta situación no
manifiestan postura alguna respecto a dar solución al conflicto.
Resulta inconcebible que las autoridades
involucradas en este fraude no le den solución a los 96 mil trabajadores de
Comisión Federal de Electricidad que reclaman, y con justo derecho, la suma
correspondiente a sus ahorros de 40 años, trabajados entre 1950 y 1990.
Es indignante que a pesar de que los tribunales
han fallado a favor de los trabajadores, este veredicto no se ha cumplido.
Exigimos a las autoridades correspondientes se hagan responsables de impartir
justicia laboral, aplicándose la ley y cumplimentándose las instancias
dictadas.
Es por ello que nos sumamos al exhorto, a las
autoridades señaladas en esta proposición para que expliquen a detalle el
destino que se dio a los 638 mil millones de pesos, producto del ahorro de
estos 96 mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad durante más de
40 años de vida laboral.
Asimismo, nuestro grupo parlamentario, el
Verde Ecologista de México, apoyó el exhorto al titular del Ejecutivo para que
instruya a los secretarios del Trabajo y Previsión Social, al de Energía y al
director de la Comisión Federal de Electricidad, a fin de que coadyuven en el
cumplimiento del pago y devolución del Fondo Mutualista de SUTERM, a los 8 mil
600 accionantes que ejercitaron su derecho de petición ante la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje.
No podemos permitir que se repita un caso
como el de los braceros mexicanos que recibieron el pago de su dinero después
de 70 años de espera a que les llegara la justicia. Es cuanto, diputado
presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo
Karam: Gracias, diputada. En el uso
de la palabra el diputado Mario Alejandro Cuevas.
El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas
y compañeros diputados, mi intervención a favor del punto de acuerdo tiene que
ver en primer término con la propia aprobación que el 24 de julio del año en
curso realizara la Comisión Permanente de ambas Cámaras sobre este particular.
En el dictamen aprobado el 24 de julio se
resaltó que la Tercera Comisión de la Permanente compartió la preocupación y
los planteamientos de los promoventes, de acuerdo a la obligación de las
autoridades del trabajo de vigilar el cumplimiento de las normas laborales, así
como la presentación que requirió a la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, Energía, Función Pública y del director de la CFE, para proporcionar un
informe detallado que esclarezca la imputación relativa a la desaparición de
los 638 mil millones de pesos.
En segundo término, el pronunciamiento a
favor del punto de acuerdo por parte del Grupo Parlamentario del PRD tiene que
ver con la justicia social y el respeto de los derechos laborales en las
relaciones entre trabajadores y patrones, por los que históricamente hemos
luchado y lo seguiremos haciendo.
Es, por tanto, evidente la urgencia que
existe al pago de las aportaciones del Fondo Mutualista, integrado en el
Sindicato Único de Trabajadores de Electricistas de la República Mexicana, que
durante 40 años les fue descontado por nómina a los trabajadores de la Comisión
Federal de Electricidad y que el 25 de abril de 1999 la CFE y el Sindicato
sustituyeron por el seguro colectivo correspondiente al bienio 1990-1992, sin
que se les devolvieran sus aportaciones.
De conformidad con el laudo emitido por la
Junta Especial Número Cinco de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la
CFE y el Sindicato están obligados al pago de las prestaciones demandadas por 8
mil 600 trabajadores, de los 96 mil que aportaron o les descontaron su dinero.
Por tal motivo, consideramos que debe
exhortarse a las autoridades involucradas a dar cumplimiento del laudo y los
derechos en el tutelado; pero no a discreción. Que, en todo caso y como única
alternativa viable, se embarguen y rematen bienes de la Comisión Federal y del
sindicato, como autoridades directamente responsables. Que no se le caigan al
pueblo otra vez los latrocinios a que son sometidos los trabajadores.
Existen muchos antecedentes de deudas que por
los malos manejos del gobierno terminaron en deudas públicas. Así tenemos, por
citar algunos, al Fobaproa y el caso de los ex braceros, sin que se haya
castigado a los responsables.
Nadie sabe, nadie supo adónde quedó el
dinero. Algunos hasta a los difuntos les van a echar la culpa, pero lo que
conocemos todos es el robo que ha sufrido el pueblo de México, nuestro querido
México.
Por esta razón no permitiremos que, una vez
más, se traslade el costo de ese tipo de fraudes a la ciudadanía. Apoyamos la
aprobación de este punto de acuerdo y exigimos al Ejecutivo federal que remita
de manera urgente el informe solicitado desde el mes de julio a la Secretarías
de Trabajo y Previsión Social, Energía, Función Pública y Comisión Federal de
Electricidad. –Termino, presidente.
Compañeros y compañeras, se trata de un laudo
a favor de 8 mil 600 trabajadores que demandaron legítimamente el pago que les
corresponde. Sin embargo, no olvidemos que fueron 96 mil trabajadores los que
realizaron sus aportaciones durante 40 años, y por ello también deben quedar a
salvo los derechos de las familias a las que les corresponde recibir ese ahorro
y que están siendo vulneradas por la Comisión Federal de Electricidad y por el
Sindicato Único de Trabajadores Electricista de la República Mexicana.
Queda claro de nueva cuenta que la
transparencia y rendición de cuentas son temas pendientes por resolver, y un gran
reto para esta legislatura, por lo que espero estemos a la altura de las
circunstancias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo
Karam: Gracias, diputado. En el uso
de la palabra el diputado Rafael Alejandro Micalco.
El diputado Rafael Alejandro Micalco
Méndez: Gracias, presidente. Con el
permiso de la Mesa. Sin duda el presente punto de acuerdo es de gran relevancia
para los 96 mil trabajadores electricistas que aportaron, al fondo mutualista
del Sindicato Único de Trabajadores, la cantidad de 638 mil millones de pesos
durante su vida laboral en el periodo comprendido entre 1950 a 1990.
Estamos hablando de una cantidad exorbitante,
638 mil millones, por lo que coincidimos en exigencia para que se les explique
a los trabajadores de dicho sindicato e informe a detalle el destino que se dio
a estos recursos.
Asimismo, se expone en el punto de acuerdo en
comento que el 25 de abril de 1990 la Comisión Federal de Electricidad y el
sindicato en cuestión pactaron la sustitución de este fondo mutualista por un
seguro colectivo obrero en la clausula vigésima sexta del convenio que
celebraron para la firma del contrato colectivo correspondiente al bienio
1990-1992, con el aval del entonces secretario de Trabajo y Previsión Social,
licenciado Arsenio Farell Cubillas.
En este sentido, retoma especial relevancia
lo aprobado el martes en la Cámara de Senadores en relación a la transparencia
y la rendición de cuentas por parte de los sindicatos. Debemos aprobar dichos
cambios aquí en la Cámara de Diputados, esperamos que a la brevedad posible, en
próximos días.
Por lo anterior, es importante precisar que
de conformidad con el artículo 359 de la Ley Federal de Trabajo los sindicatos
tienen el derecho de organizar libremente la administración y actividades de la
asociación, asimismo de acuerdo a la ley, del artículo 373, que dispone que la
única persona ante quien debe rendir cuentas de la administración del
patrimonio sindical es a la asamblea del sindicato cada seis meses, requisito
que no es obligatorio al día de hoy.
Por otra parte, de conformidad con lo
establecido en el artículo 133, fracción V, queda prohibido a los patrones
intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato en
correlación con la cláusula 40 del contrato colectivo del trabajo que dispone:
Los trabajadores de confianza están especialmente obligados a cumplir las
disposiciones de este contrato y a no inmiscuirse en el régimen interno del
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas.
En Acción Nacional, consideramos que el
presente punto de acuerdo no es procedente en los términos que se está
estableciendo, porque no debemos exhortar a la Comisión Federal de
Electricidad, ni a la Secretaría de Economía, ni a la del Trabajo, sino este exhorto
lo debemos dirigir al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la
República Mexicana para que le rindan cuentas a sus agremiados; claro,
respetando su autonomía sindical.
En el Partido Acción Nacional estamos
conscientes que debemos legislar para solucionar la problemática que aqueja a
los trabajadores. En Acción Nacional estamos con los trabajadores. Es por
tanto, que tomemos como referencia esta situación para aprobar los cambios
realizados en la Cámara de Senadores a la reforma laboral, que en su momento
haremos de la defensa de dichos cambios. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo
Karam: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado Jesús Murillo
Karam: El diputado Marco Antonio
Barba Mariscal, en el uso de la palabra.
El diputado Marco Antonio Barba Mariscal: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y
compañeros diputados, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, creemos en un régimen
democrático y por ello estamos comprometidos con el cumplimiento de lo previsto
en la Constitución y las leyes que de ella se derivan.
Estamos convencidos de la necesidad de
mantener nuestro estado de derecho, pasándonos para ello en un orden legal que
garantice la seguridad y la certeza legal en las prerrogativas y patrimonio de
las personas, promoviendo así el acceso a una justicia imparcial, pronta y
expedita.
Creemos en la necesidad de contar con un
Estado fuerte y eficaz, que incentive y promueva el respeto a los derechos
laborales y de organización de los trabajadores. Estimamos que nuestra
democracia será imperfecta si no se cumple a cabalidad con los postulados
previstos en nuestra Carta Magna.
Sería impensable un estado de derecho, si no
se acata lo resuelto en las sentencias dictadas por los órganos
jurisdiccionales. No podremos hablar de respeto a los derechos de los
trabajadores si sus prerrogativas no se observan puntualmente. Sin embargo, el
respeto a las prerrogativas y derechos laborales mencionados no se deben de
llevar a cabo al margen de la ley, de manera congruente y en búsqueda de un
beneficio para los trabajadores, pero sin causar un menoscabo grave a nuestras
instituciones.
El equilibrio logrado entre ambos principios
garantiza al Estado un buen funcionamiento que los organismos públicos
descentralizados en beneficio a los mexicanos, toda vez que se garantiza con
ello la adecuada prestación de los servicios públicos, objetivo que se busca en
el ejercicio de la administración pública, en este caso federal.
Las resoluciones que emitan las instancias
creadas para la administración de justicia deben ser responsables y buscar en
todo momento que la impartición de la justicia se lleve a cabo sin distingo
alguno respetando en todo momento los principios generales del derecho.
Todo lo anterior se menciona porque el tema
que nos trae aquí es la presunta falta de pago de un adeudo que tendría la
Comisión Federal de Electricidad con un grupo de trabajadores quienes habrían
aportado recursos a un fondo mutualista durante el periodo comprendido entre
1950 y 1990, el cual habría sido sustituido por un seguro colectivo obrero hace
dos décadas.
Si como se ha señalado, existen sentencias emitidas
por tribunales colegiados en materia de trabajo, lo conducente sería conocer el
contenido de tales fallos, así como de los incidentes de ejecución que de ella
se deriven para así estudiar sus alcances y entonces apegarnos a la verdad
legal, siendo así los resolutivos judiciales la medida ideal para la resolución
de los problemas aquí planteados.
Derivado de lo anterior, los legisladores
priistas votaremos a favor del presente punto de acuerdo, toda vez que
coincidimos en que el cumplimiento de la sentencia es una cuestión de orden
pública e interés social lo cual no obsta para requerir, tanto el del diputado
promovente como de las autoridades involucradas, toda aquella información que
sea útil para precisar el verdadero alcance de los fallos a que se hace
referencia en la proposición que ocupa nuestra atención en este punto de
acuerdo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo
Karam: Consulte la Secretaría en
votación económica si se aprueba el acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab
Carreto: Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el
acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la
afirmativa.
El Presidente diputado Jesús Murillo
Karam: Aprobado. Comuníquese.