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El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación con los recursos ahorrados por 96 mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente, compañeros diputados, compañeras diputadas: se pone a consideración de este pleno como punto de acuerdo de urgente u obvia resolución el siguiente: Estamos planteando que se pueda generar un punto de acuerdo dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Energía, a su titular, y al director de la Comisión Federal de Electricidad. Lo fundamos en la siguiente exposición de motivos. El pasivo histórico que tiene el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y la Comisión Federal de Electricidad con 96 mil trabajadores electricistas que aportaron al fondo mutualista del SUTERM durante el período laboral comprendido entre 1950 a 1990, es decir, 40 años, se estima en la cantidad de 638 mil millones de pesos. El 25 de abril de 1990 la Comisión Federal de Electricidad y el SUTERM pactaron la sustitución de este fondo mutualista por un seguro colectivo obrero en la cláusula XXVI del convenio que celebraron por la firma del contrato colectivo correspondiente al bienio 1990-1992. En ese entonces se firmó, con la firma del secretario del Trabajo y Previsión Social, Arsenio Farel Cubillas. Las cantidades aportadas por los trabajadores durante 40 años se actualizaron a través del histórico de tasas de interés emitidas por el Banco de México, tal y como lo dispusieron los tribunales colegiados en materia de trabajo del primer circuito. La falta de transparencia e información por parte del gobierno federal ha generado que los compañeros de la Comisión Federal de Electricidad tengan que acudir a todas las instancias posibles para saber qué pasó con sus ahorros, cuál fue el destino de estos recursos del fondo mutualista y cuál es la realidad de lo que han logrado juntar producto de su trabajo. Derivado de lo anterior, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo. Primero: Se exhorte al secretario del Trabajo y Previsión Social, al secretario de Energía y al director de la Comisión Federal de Electricidad para que expliquen a detalle el destino que se dio a los 630 millones de pesos actualizados, producto del ahorro que hicieron 96 mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad durante más de 40 años de vida laboral en el período comprendido de 1950 a 1990. Segundo. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que instruya a los secretarios de Trabajo y Previsión Social, de Energía y al director general de la Comisión Federal de Electricidad, a que coadyuven en el cumplimiento del pago y devolución del Fondo Mutualista del SUTERM, a los 8 mil 600 accionantes que ejercitaron su derecho de petición ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Es cuanto, y pedimos el respaldo y la solidaridad de esta asamblea. Gracias. El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría si se considera de urgente resolución. La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente. El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se considera de urgente resolución. Y en consecuencia, en los términos del registro que tengo, se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Cantú Garza. El diputado Ricardo Cantú Garza: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, sin lugar a dudas que todos aquellos trabajadores que aportan de sus propios recursos para constituir fondos de diverso tipo al paso del tiempo enfrentan problemas de diversa índole para recuperar el producto de su ahorro. Así ha ocurrido, por desgracia, con los trabajadores que laboraron en los Estados Unidos conocidos como braceros, a quien durante muchos años se les escamoteo el regreso de su dinero y ahora tienen que conformarse con una exigua compensación de alrededor de 40 mil pesos. Es el mismo caso que enfrentan ahora los trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad, quienes aportaron recursos para constituir un fondo mutualista entre los años de 1950 a 1990. Esto es durante 40 años. En abril de 1990 la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana pactaron la sustitución del Fondo Mutualista por un seguro colectivo obrero. Desafortunadamente para los trabajadores no se sabe qué ha pasado con esos recursos económicos, ni el sindicato ni la empresa dan cuenta de ello. Este es un tema que nos debe alertar, habida cuenta de que los recursos económicos tienen un origen en la aportación individual y voluntaria de cada trabajador, no son propiedad del sindicato y muchos menos de la empresa. En la reciente discusión de la iniciativa de reformas a la Ley laboral enviada por el Ejecutivo, el gran tema que no se quiso tocar en esta soberanía por parte de la mayoría fue precisamente el tema de la transparencia, en el correcto ejercicio de las cuotas que los trabajadores aportan su sindicato. Temas como el que nos ocupa no se tratarían en esta soberanía si al interior de todos los sindicatos existentes en el país la transparencia y la rendición de cuentas fueran práctica cotidiana en los sindicatos, antes al contrario, priva la opacidad y la cerrazón a entregar información a los trabajadores. Compañeras y compañeros legisladores, es importante que todos apoyemos esta proposición que contiene la justa demanda de los trabajadores electricistas, para que les sea reintegrado algo que es de su propiedad, su dinero. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoyamos las dos peticiones que se contienen en la proposición que discutimos, para que a los 8 mil 600 accionantes que ejercieron su derecho de petición ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se les proporcione el pago y devolución de sus recursos. Estamos a muy bien tiempo de evitar la constitución de otro fondo para pagar algo que otros se robaron, como en el caso de los trabajadores migrantes. Exijamos que se reintegre a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad el producto de su ahorro. Por estas consideraciones votaremos a favor de la proposición que se nos presenta. Es cuanto. El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, señor diputado. En el uso de la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño. El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Señor presidente, compañeras y compañeros. Las paraestatales más importantes de nuestro país se caracterizan por tolerar en su seno no sólo los actos de corrupción más alarmantes o escandalosos de los que dan cuenta con frecuencia los medios de comunicación, sino también por permitir abusos, arbitrariedades y violaciones a los derechos de los trabajadores, como los que hoy aquí se presentan, se ha presentado en esta tribuna. Por lo que va el caso que nos ocupa, una serie de funcionarios corruptos que han estado al mando de CFE no sólo han perpetrado una serie de atracos al patrimonio de todos los mexicanos, sino que han sido cómplices para esquilmar a su propia planta de trabajadores. La CFE incurrió abiertamente en responsabilidad al firmar el convenio en el que se eliminó el Fondo Mutualista del SUTERM y se sustituyó por un seguro colectivo obrero. Fue cómplice de esta corruptela el propio SUTERM al participar en el engaño de los trabajadores. Tal atraco fue cobijado con el pretexto de la firma del contrato colectivo de trabajo 1990-92, firma que nunca se hizo del conocimiento de los trabajadores a pesar de que la cláusula 76 del propio contrato colectivo de trabajo especifica que la CFE colocará los tableros que sean necesarios en las partes más visibles de todos los centros de trabajo, así como utilizará otras modalidades de comunicación para que todos los trabajadores estén debidamente enterados de su contenido. De hecho, los trabajadores de CFE no lograron comprobar la chicana de que fueron objeto, sino hasta que después de años de ir contra viento y marea encontraron la quiescencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que por su conducto facilitó la copia certificada del convenio por el que se eliminó el Fondo Mutualista. Dicha paraestatal, debe explicar a esta soberanía las instrucciones que tuvo para firmar ese acuerdo que significó la desaparición de miles de millones de pesos, miles de millones de pesos, algunos lo estiman en la escandalosa cifra de 638 mil millones de pesos que se los reclaman legítimamente los trabajadores defraudados. Desde esta instancia hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas, para que no posterguemos la defensa de los derechos laborales. El sector de los trabajadores ha sido víctima una y otra vez de violaciones sistemáticas a sus derechos más elementales, recordemos el caso de los ex braceros, de los trabajadores del ISSSTE, de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza, de los trabajadores recientemente pensionados, de los cuentahabientes del Infonavit, y qué decir de los mineros de Cananea que tienen años en una lucha, ya histórica, por la defensa de sus derechos. Por lo anterior, para Movimiento Ciudadano resulta totalmente procedente apoyar el punto de acuerdo que nos ocupa y convocamos al resto de las fuerzas políticas a hacer lo propio para sacarlo adelante. Gracias, por su atención. El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. En el uso de la palabra, la diputada María del Rosario de Fátima Pariente. La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito: Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados y diputadas. Varios han sido ya los exhortos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al secretario de Energía y al director general de la Comisión Federal de Electricidad, tanto en el Senado de la República como en esta Cámara de Diputados en la legislatura pasada y ahora en ésta, para que aclaren el curso que se le dio al ahorro del Fondo Mutualista del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el SUTERM, que los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad lograron, a lo largo de 40 años, y que actualizados al día de hoy asciende a la cantidad de 638 mil millones. De estos ahorros no se sabe absolutamente nada. Y peor aun, los involucrados en esta situación no manifiestan postura alguna respecto a dar solución al conflicto. Resulta inconcebible que las autoridades involucradas en este fraude no le den solución a los 96 mil trabajadores de Comisión Federal de Electricidad que reclaman, y con justo derecho, la suma correspondiente a sus ahorros de 40 años, trabajados entre 1950 y 1990. Es indignante que a pesar de que los tribunales han fallado a favor de los trabajadores, este veredicto no se ha cumplido. Exigimos a las autoridades correspondientes se hagan responsables de impartir justicia laboral, aplicándose la ley y cumplimentándose las instancias dictadas. Es por ello que nos sumamos al exhorto, a las autoridades señaladas en esta proposición para que expliquen a detalle el destino que se dio a los 638 mil millones de pesos, producto del ahorro de estos 96 mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad durante más de 40 años de vida laboral. Asimismo, nuestro grupo parlamentario, el Verde Ecologista de México, apoyó el exhorto al titular del Ejecutivo para que instruya a los secretarios del Trabajo y Previsión Social, al de Energía y al director de la Comisión Federal de Electricidad, a fin de que coadyuven en el cumplimiento del pago y devolución del Fondo Mutualista de SUTERM, a los 8 mil 600 accionantes que ejercitaron su derecho de petición ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. No podemos permitir que se repita un caso como el de los braceros mexicanos que recibieron el pago de su dinero después de 70 años de espera a que les llegara la justicia. Es cuanto, diputado presidente. El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. En el uso de la palabra el diputado Mario Alejandro Cuevas. El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, mi intervención a favor del punto de acuerdo tiene que ver en primer término con la propia aprobación que el 24 de julio del año en curso realizara la Comisión Permanente de ambas Cámaras sobre este particular. En el dictamen aprobado el 24 de julio se resaltó que la Tercera Comisión de la Permanente compartió la preocupación y los planteamientos de los promoventes, de acuerdo a la obligación de las autoridades del trabajo de vigilar el cumplimiento de las normas laborales, así como la presentación que requirió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Energía, Función Pública y del director de la CFE, para proporcionar un informe detallado que esclarezca la imputación relativa a la desaparición de los 638 mil millones de pesos. En segundo término, el pronunciamiento a favor del punto de acuerdo por parte del Grupo Parlamentario del PRD tiene que ver con la justicia social y el respeto de los derechos laborales en las relaciones entre trabajadores y patrones, por los que históricamente hemos luchado y lo seguiremos haciendo. Es, por tanto, evidente la urgencia que existe al pago de las aportaciones del Fondo Mutualista, integrado en el Sindicato Único de Trabajadores de Electricistas de la República Mexicana, que durante 40 años les fue descontado por nómina a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y que el 25 de abril de 1999 la CFE y el Sindicato sustituyeron por el seguro colectivo correspondiente al bienio 1990-1992, sin que se les devolvieran sus aportaciones. De conformidad con el laudo emitido por la Junta Especial Número Cinco de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la CFE y el Sindicato están obligados al pago de las prestaciones demandadas por 8 mil 600 trabajadores, de los 96 mil que aportaron o les descontaron su dinero. Por tal motivo, consideramos que debe exhortarse a las autoridades involucradas a dar cumplimiento del laudo y los derechos en el tutelado; pero no a discreción. Que, en todo caso y como única alternativa viable, se embarguen y rematen bienes de la Comisión Federal y del sindicato, como autoridades directamente responsables. Que no se le caigan al pueblo otra vez los latrocinios a que son sometidos los trabajadores. Existen muchos antecedentes de deudas que por los malos manejos del gobierno terminaron en deudas públicas. Así tenemos, por citar algunos, al Fobaproa y el caso de los ex braceros, sin que se haya castigado a los responsables. Nadie sabe, nadie supo adónde quedó el dinero. Algunos hasta a los difuntos les van a echar la culpa, pero lo que conocemos todos es el robo que ha sufrido el pueblo de México, nuestro querido México. Por esta razón no permitiremos que, una vez más, se traslade el costo de ese tipo de fraudes a la ciudadanía. Apoyamos la aprobación de este punto de acuerdo y exigimos al Ejecutivo federal que remita de manera urgente el informe solicitado desde el mes de julio a la Secretarías de Trabajo y Previsión Social, Energía, Función Pública y Comisión Federal de Electricidad. –Termino, presidente. Compañeros y compañeras, se trata de un laudo a favor de 8 mil 600 trabajadores que demandaron legítimamente el pago que les corresponde. Sin embargo, no olvidemos que fueron 96 mil trabajadores los que realizaron sus aportaciones durante 40 años, y por ello también deben quedar a salvo los derechos de las familias a las que les corresponde recibir ese ahorro y que están siendo vulneradas por la Comisión Federal de Electricidad y por el Sindicato Único de Trabajadores Electricista de la República Mexicana. Queda claro de nueva cuenta que la transparencia y rendición de cuentas son temas pendientes por resolver, y un gran reto para esta legislatura, por lo que espero estemos a la altura de las circunstancias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. En el uso de la palabra el diputado Rafael Alejandro Micalco. El diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez: Gracias, presidente. Con el permiso de la Mesa. Sin duda el presente punto de acuerdo es de gran relevancia para los 96 mil trabajadores electricistas que aportaron, al fondo mutualista del Sindicato Único de Trabajadores, la cantidad de 638 mil millones de pesos durante su vida laboral en el periodo comprendido entre 1950 a 1990. Estamos hablando de una cantidad exorbitante, 638 mil millones, por lo que coincidimos en exigencia para que se les explique a los trabajadores de dicho sindicato e informe a detalle el destino que se dio a estos recursos. Asimismo, se expone en el punto de acuerdo en comento que el 25 de abril de 1990 la Comisión Federal de Electricidad y el sindicato en cuestión pactaron la sustitución de este fondo mutualista por un seguro colectivo obrero en la clausula vigésima sexta del convenio que celebraron para la firma del contrato colectivo correspondiente al bienio 1990-1992, con el aval del entonces secretario de Trabajo y Previsión Social, licenciado Arsenio Farell Cubillas. En este sentido, retoma especial relevancia lo aprobado el martes en la Cámara de Senadores en relación a la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los sindicatos. Debemos aprobar dichos cambios aquí en la Cámara de Diputados, esperamos que a la brevedad posible, en próximos días. Por lo anterior, es importante precisar que de conformidad con el artículo 359 de la Ley Federal de Trabajo los sindicatos tienen el derecho de organizar libremente la administración y actividades de la asociación, asimismo de acuerdo a la ley, del artículo 373, que dispone que la única persona ante quien debe rendir cuentas de la administración del patrimonio sindical es a la asamblea del sindicato cada seis meses, requisito que no es obligatorio al día de hoy. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 133, fracción V, queda prohibido a los patrones intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato en correlación con la cláusula 40 del contrato colectivo del trabajo que dispone: Los trabajadores de confianza están especialmente obligados a cumplir las disposiciones de este contrato y a no inmiscuirse en el régimen interno del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas. En Acción Nacional, consideramos que el presente punto de acuerdo no es procedente en los términos que se está estableciendo, porque no debemos exhortar a la Comisión Federal de Electricidad, ni a la Secretaría de Economía, ni a la del Trabajo, sino este exhorto lo debemos dirigir al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana para que le rindan cuentas a sus agremiados; claro, respetando su autonomía sindical. En el Partido Acción Nacional estamos conscientes que debemos legislar para solucionar la problemática que aqueja a los trabajadores. En Acción Nacional estamos con los trabajadores. Es por tanto, que tomemos como referencia esta situación para aprobar los cambios realizados en la Cámara de Senadores a la reforma laboral, que en su momento haremos de la defensa de dichos cambios. Es cuanto, señor presidente. El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Muchas gracias, diputado. El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El diputado Marco Antonio Barba Mariscal, en el uso de la palabra. El diputado Marco Antonio Barba Mariscal: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, creemos en un régimen democrático y por ello estamos comprometidos con el cumplimiento de lo previsto en la Constitución y las leyes que de ella se derivan. Estamos convencidos de la necesidad de mantener nuestro estado de derecho, pasándonos para ello en un orden legal que garantice la seguridad y la certeza legal en las prerrogativas y patrimonio de las personas, promoviendo así el acceso a una justicia imparcial, pronta y expedita. Creemos en la necesidad de contar con un Estado fuerte y eficaz, que incentive y promueva el respeto a los derechos laborales y de organización de los trabajadores. Estimamos que nuestra democracia será imperfecta si no se cumple a cabalidad con los postulados previstos en nuestra Carta Magna. Sería impensable un estado de derecho, si no se acata lo resuelto en las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales. No podremos hablar de respeto a los derechos de los trabajadores si sus prerrogativas no se observan puntualmente. Sin embargo, el respeto a las prerrogativas y derechos laborales mencionados no se deben de llevar a cabo al margen de la ley, de manera congruente y en búsqueda de un beneficio para los trabajadores, pero sin causar un menoscabo grave a nuestras instituciones. El equilibrio logrado entre ambos principios garantiza al Estado un buen funcionamiento que los organismos públicos descentralizados en beneficio a los mexicanos, toda vez que se garantiza con ello la adecuada prestación de los servicios públicos, objetivo que se busca en el ejercicio de la administración pública, en este caso federal. Las resoluciones que emitan las instancias creadas para la administración de justicia deben ser responsables y buscar en todo momento que la impartición de la justicia se lleve a cabo sin distingo alguno respetando en todo momento los principios generales del derecho. Todo lo anterior se menciona porque el tema que nos trae aquí es la presunta falta de pago de un adeudo que tendría la Comisión Federal de Electricidad con un grupo de trabajadores quienes habrían aportado recursos a un fondo mutualista durante el periodo comprendido entre 1950 y 1990, el cual habría sido sustituido por un seguro colectivo obrero hace dos décadas. Si como se ha señalado, existen sentencias emitidas por tribunales colegiados en materia de trabajo, lo conducente sería conocer el contenido de tales fallos, así como de los incidentes de ejecución que de ella se deriven para así estudiar sus alcances y entonces apegarnos a la verdad legal, siendo así los resolutivos judiciales la medida ideal para la resolución de los problemas aquí planteados. Derivado de lo anterior, los legisladores priistas votaremos a favor del presente punto de acuerdo, toda vez que coincidimos en que el cumplimiento de la sentencia es una cuestión de orden pública e interés social lo cual no obsta para requerir, tanto el del diputado promovente como de las autoridades involucradas, toda aquella información que sea útil para precisar el verdadero alcance de los fallos a que se hace referencia en la proposición que ocupa nuestra atención en este punto de acuerdo. Es cuanto, diputado presidente. El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría en votación económica si se aprueba el acuerdo. La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa. El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobado. Comuníquese.